Luisa Fernanda Vera Hernández
ve441091@uaeh.edu.mx
ORCID 0009-0007-0714-5500
UAEH Escuela Superior de Cd. Sahagún
México
Beatriz Sauza Ávila
beatriz_sauza@uaeh.edu.mx
ORCID 0000-0002-7919-6792
UAEH Escuela Superior de Cd. Sahagún
México
RESUMEN
Los resultados muestran que la
transición política del PRI a Morena no implicó una ruptura en las obligaciones
fiscales, sino una continuidad institucional basada en la digitalización
tributaria, el fortalecimiento de la administración fiscal y la ampliación de
las facultades de fiscalización. Se concluye que el principal desafío del
sistema tributario mexicano consiste en equilibrar la eficiencia recaudatoria
con la certeza jurídica y la justicia tributaria.
Palabras clave: obligaciones
fiscales, política fiscal, contribuyentes, digitalización fiscal.
ABSTRACT
The aim of this article
is to comparatively
analyze the evolution of tax
obligations in Mexico during 2012-2026 period, identifying their effects on individual and corporate taxpayers. The study adopted a qualitative approach with a descriptive-comparative scope
and a non-experimental design, based
on documentary analysis of legal sources, official documents, and recent specialized literature.
The results
show that the political transition from the PRI to
Morena did not represent a rupture in tax obligations, but rather an
institutional continuity characterized by tax digitalization, the strengthening of tax administration,
and the expansion of tax enforcement
powers. It is concluded that
the main challenge for the
Mexican tax system is to balance tax
collection efficiency with legal certainty and tax justice.
Keywords: Tax obligations, fiscal policy,
taxpayers, tax digitalization.
INTRODUCCIÓN
Las obligaciones fiscales en México constituyen un componente central de la relación jurídica entre el Estado y los contribuyentes, al traducir el mandato constitucional de contribuir al gasto público en deberes concretos de inscripción, declaración, pago, comprobación, contabilidad, información y atención a facultades de fiscalización. Estas obligaciones conforman el vínculo jurídico tributario mediante el cual el Estado ejerce su potestad tributaria y garantiza la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines públicos (Arrioja Vizcaíno, 2020).
En las últimas administraciones federales, dichas obligaciones no sólo han respondido a reformas legales, sino también a transformaciones administrativas asociadas con la digitalización tributaria, el fortalecimiento de la fiscalización y la búsqueda de mayor recaudación sin necesariamente crear nuevos impuestos o elevar tasas generales. En este sentido, el estudio de las obligaciones fiscales permite observar cómo cada gobierno ha definido el equilibrio entre eficiencia recaudatoria, control fiscal, simplificación administrativa y carga regulatoria para los contribuyentes (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2025; Servicio de Administración Tributaria [SAT], 2025).
El presente artículo analiza comparativamente la transición fiscal entre el sexenio de Enrique Peña Nieto, como último gobierno federal priista, y los gobiernos de Morena encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Esta delimitación temporal resulta pertinente porque el periodo 2012-2026 concentra cambios relevantes en materia tributaria: la Reforma Hacendaria de 2014 impulsó la expansión de obligaciones digitales como el comprobante fiscal digital por internet, la contabilidad electrónica y el buzón tributario; posteriormente, la administración 2018-2024 fortaleció la fiscalización, restringió prácticas de evasión y eliminó espacios de condonación fiscal; mientras que el gobierno iniciado en 2024 ha planteado una continuidad orientada a simplificación, regularización fiscal, combate a la evasión y control del contrabando (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente [PRODECON], 2014; Morales, 2024; SAT, 2025).
El problema de investigación se ubica en la falta de estudios comparativos recientes que examinen las obligaciones fiscales no sólo desde la óptica de la recaudación pública, sino también desde sus efectos positivos y negativos para los contribuyentes.
Diversos estudios sobre el sistema tributario mexicano han documentado la persistencia de problemas estructurales relacionados con la baja presión tributaria, la elevada informalidad económica, la existencia de tratamientos preferenciales y la concentración de la recaudación en determinados grupos de contribuyentes. En particular, Tello Macías (2014) sostiene que la carga fiscal en México se ha mantenido históricamente en niveles bajos en comparación con otros países de América Latina y de la OCDE, mientras que Castañeda Rodríguez (2014) señala que el diseño de la política tributaria ha estado influido por factores políticos y económicos que han favorecido tratamientos diferenciados y limitado la capacidad recaudatoria del Estado. De igual manera, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP, 2021) advierte que la carga tributaria se concentra en los hogares y contribuyentes de mayores ingresos, reflejando desigualdades estructurales tanto en la distribución del ingreso como en la recaudación fiscal.
Sin embargo, aún existe espacio para analizar cómo las decisiones de política fiscal de cada administración han modificado las cargas de cumplimiento, los riesgos de fiscalización, la seguridad jurídica y los incentivos para cumplir voluntariamente (Villalobos, 2024; OCDE, 2025).
La relevancia del tema se explica porque México mantiene una recaudación tributaria inferior al promedio de América Latina y de la OCDE, lo que limita la capacidad del Estado para financiar derechos sociales, infraestructura y servicios públicos. De acuerdo con la OCDE, la relación impuestos-PIB de México se ubicó en 17.7 % en 2023, por debajo del promedio regional latinoamericano y considerablemente por debajo del promedio de países miembros de la OCDE. Esta situación ha llevado a que los gobiernos recientes busquen elevar los ingresos públicos mediante estrategias de administración tributaria, fiscalización y combate a la evasión, en lugar de realizar una reforma fiscal integral de amplio alcance (OCDE, 2025; Morales, 2024).
Desde la perspectiva de los contribuyentes, los efectos de esta evolución son ambivalentes. Entre los aspectos positivos destacan la digitalización de trámites, la disponibilidad de declaraciones prellenadas, la posibilidad de regularización, la reducción de espacios para competencia desleal derivada de evasión y el fortalecimiento de mecanismos de acompañamiento al contribuyente cumplido. Diversos estudios señalan que la transformación digital de las administraciones tributarias contribuye a disminuir costos de cumplimiento, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer el cumplimiento voluntario mediante servicios más ágiles y accesibles (OCDE, 2025). Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria ha impulsado herramientas como las declaraciones prellenadas y los mecanismos de opinión de cumplimiento, los cuales buscan simplificar el cumplimiento de obligaciones y otorgar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes cumplidos (SAT, 2025). Estos avances han sido reconocidos internacionalmente por favorecer la transparencia, la confianza institucional y la relación cooperativa entre la autoridad fiscal y los contribuyentes.
No obstante, también se observan efectos negativos, como el incremento de cargas administrativas, la complejidad técnica de los sistemas digitales, la dependencia de plataformas electrónicas, el endurecimiento de revisiones, la acumulación de obligaciones formales y la percepción de mayor riesgo sancionatorio, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas y personas físicas con actividad empresarial (PRODECON, 2014; SAT, 2025; Villalobos, 2024).
El marco teórico de esta investigación se sustenta en tres aproximaciones complementarias. En primer lugar, la teoría de las finanzas públicas permite comprender la tributación como instrumento de financiamiento estatal, redistribución y estabilización económica. En segundo lugar, los estudios sobre cumplimiento tributario explican que la conducta fiscal de los contribuyentes no depende únicamente de la amenaza de sanciones, sino también de la percepción de justicia, confianza institucional, simplicidad normativa y legitimidad del gasto público. En tercer lugar, el institucionalismo histórico permite analizar cómo las reformas fiscales generan trayectorias administrativas que condicionan a los gobiernos posteriores, de modo que la digitalización iniciada en el sexenio priista y la fiscalización reforzada en los gobiernos morenistas pueden entenderse como procesos de continuidad y cambio institucional (Alm & Torgler, 2011; Pierson, 2004; Villalobos, 2024).
Diversos autores han señalado que el sistema tributario mexicano enfrenta problemas estructurales vinculados con informalidad, baja recaudación, tratamientos preferenciales y desigual distribución de la carga fiscal. Villalobos (2024) sostiene que la reforma tributaria continúa siendo indispensable debido a la reducida presión fiscal y a la insuficiencia de ingresos públicos frente a las necesidades sociales. Morales (2024), desde Fundar, identifica que el aumento reciente de la recaudación se explica en buena medida por la fiscalización a grandes contribuyentes, la prohibición de condonaciones y la publicación de tasas efectivas de ISR. Por su parte, la OCDE (2025) ubica a México como un país con margen amplio para fortalecer sus ingresos tributarios, particularmente si se compara con economías de la región y con países desarrollados.
A partir de estos antecedentes, el aporte del presente artículo consiste en comparar las obligaciones fiscales de los tres gobiernos seleccionados desde una perspectiva centrada en el contribuyente. Para ello, se analizarán las principales medidas implementadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el periodo inicial de Claudia Sheinbaum Pardo, distinguiendo sus efectos sobre personas físicas y personas morales. Esta distinción resulta necesaria porque las obligaciones fiscales no afectan de forma homogénea a todos los sujetos: mientras las personas morales concentran obligaciones contables, corporativas, informativas y de fiscalización más complejas, las personas físicas enfrentan cargas diferenciadas según su régimen, nivel de ingresos, formalidad laboral y capacidad administrativa (SAT, 2024; Villalobos, 2024).
El objetivo general de esta investigación es analizar comparativamente la evolución de las obligaciones fiscales en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, identificando sus principales efectos positivos y negativos para las personas físicas y morales contribuyentes. De manera específica, se busca: a) describir las principales obligaciones fiscales incorporadas o fortalecidas en cada administración; b) comparar los mecanismos de fiscalización, simplificación y cumplimiento tributario; y c) valorar sus implicaciones para la carga administrativa, la certeza jurídica y el cumplimiento fiscal de los contribuyentes.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, debido a que se orientó a comprender e interpretar la evolución de las obligaciones fiscales en México a partir del análisis de disposiciones normativas, políticas fiscales y estrategias de administración tributaria implementadas en distintos periodos gubernamentales. De acuerdo con Hernández Sampieri y Mendoza (2022), los estudios cualitativos permiten analizar fenómenos sociales y jurídicos desde una perspectiva contextual e interpretativa, privilegiando la comprensión de sus características y transformaciones.
El estudio es de alcance descriptivo-comparativo, ya que describe las principales obligaciones fiscales implementadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que compara sus características, continuidades, diferencias y efectos sobre los contribuyentes. Asimismo, se adoptó un diseño no experimental y longitudinal retrospectivo, puesto que no se manipularon variables y el análisis se realizó sobre acontecimientos y disposiciones ocurridas en el periodo comprendido entre 2012 y 2026. Según Creswell y Creswell (2023), este tipo de diseño resulta adecuado cuando se pretende examinar cambios y tendencias en fenómenos sociales y administrativos a lo largo del tiempo.
La estrategia metodológica se sustentó en el análisis documental sistemático y comparativo. Para ello, se revisaron fuentes primarias y secundarias relacionadas con la política fiscal mexicana. Entre las fuentes primarias se incluyeron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación, las leyes tributarias vigentes y documentos oficiales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. Las fuentes secundarias estuvieron integradas por artículos científicos, informes técnicos y documentos elaborados por organismos nacionales e internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Fundar y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
El proceso de análisis se realizó mediante la identificación, clasificación y comparación de categorías previamente definidas: a) obligaciones fiscales y digitalización tributaria; b) fiscalización y combate a la evasión fiscal; c) efectos sobre las personas físicas; y d) efectos sobre las personas morales. Estas categorías permitieron organizar la información, identificar continuidades y cambios entre los gobiernos analizados, así como valorar los efectos positivos y negativos de las medidas implementadas para los distintos tipos de contribuyentes. De acuerdo con Flick (2022), la construcción de categorías analíticas favorece la sistematización y la rigurosidad en investigaciones basadas en evidencia documental.
Como criterios de inclusión se consideraron documentos oficiales y publicaciones académicas relacionados con las obligaciones fiscales y la política tributaria mexicana, publicados preferentemente entre 2018 y 2025, con el propósito de privilegiar evidencia reciente y pertinente. Se excluyeron documentos sin respaldo institucional o académico y fuentes cuyo contenido no pudiera verificarse. Finalmente, una de las limitaciones del estudio radica en que la administración de Claudia Sheinbaum se encuentra en una etapa inicial, por lo que algunos de sus efectos fiscales deberán ser evaluados en investigaciones posteriores conforme exista mayor evidencia empírica.
RESULTADOS
Evolución de las obligaciones fiscales y digitalización
tributaria
El análisis de las obligaciones fiscales en México durante el periodo 2012-2026 permite identificar una tendencia de continuidad en el fortalecimiento de la administración tributaria, aunque con diferencias importantes en las prioridades de política fiscal y en los mecanismos utilizados para incentivar el cumplimiento. Los hallazgos muestran que el sexenio de Enrique Peña Nieto sentó las bases de la digitalización tributaria, mientras que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han profundizado el uso de dichas herramientas para fortalecer la fiscalización y mejorar la eficiencia recaudatoria (OCDE, 2025).
La principal transformación del periodo estudiado ocurrió con la Reforma Hacendaria de 2014, la cual modificó diversas disposiciones fiscales y consolidó el uso de tecnologías de información como instrumentos obligatorios de cumplimiento. Entre las medidas más relevantes destacaron la obligatoriedad del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), la incorporación de la contabilidad electrónica y la creación del buzón tributario como mecanismo oficial de comunicación entre la autoridad y los contribuyentes (SHCP, 2013). De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (2014), estas medidas tuvieron el propósito de simplificar procesos y aumentar la transparencia, aunque también implicaron costos de adaptación para los contribuyentes, especialmente para micro y pequeñas empresas (PRODECON, 2014).
La evolución de estos cambios puede apreciarse en la tabla 1.
Tabla 1.
Evolución de las obligaciones fiscales en México
(2012-2026).
|
Año |
Gobierno |
Cambio relevante |
|
2012 |
Peña Nieto |
Inicio de la Reforma
Hacendaria |
|
2014 |
Peña Nieto |
CFDI obligatorio,
contabilidad electrónica y buzón tributario |
|
2017 |
Peña Nieto |
Generalización de
factura electrónica versión 3.3 |
|
2019 |
López Obrador |
Eliminación de
condonaciones fiscales |
|
2020 |
López Obrador |
Reforma contra factureras y operaciones simuladas |
|
2022 |
López Obrador |
Implementación del
RESICO |
|
2023 |
López Obrador |
Consolidación de
tasas efectivas de ISR |
|
2024 |
Sheinbaum |
Continuidad de
digitalización y simplificación |
|
2025 |
Sheinbaum |
Fortalecimiento de
fiscalización y combate al contrabando |
Nota:
Elaboración propia
con información de SHCP (2013), SAT (2024, 2025) y OCDE (2025).
Los resultados indican que la digitalización implementada durante el gobierno de Peña Nieto generó una mayor disponibilidad de información fiscal y amplió la capacidad de vigilancia del Estado. Sin embargo, diversos estudios señalan que la incorporación acelerada de nuevas obligaciones tecnológicas produjo dificultades de cumplimiento, derivadas de la complejidad normativa y de los costos asociados con la contratación de servicios contables y tecnológicos especializados (Unda, 2018).
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se observa una continuidad en la infraestructura digital creada en el sexenio anterior, pero con una orientación distinta. En lugar de introducir nuevas obligaciones generales, la estrategia se concentró en aprovechar la información disponible para combatir la evasión y la elusión fiscal, fortalecer la fiscalización y aumentar la recaudación sin incrementar las tasas impositivas. Entre las acciones más relevantes destacan la eliminación de condonaciones fiscales, las reformas para combatir empresas que emiten comprobantes por operaciones inexistentes y la publicación de parámetros de tasas efectivas del impuesto sobre la renta para distintos sectores económicos (Fundar, 2024).
Los datos oficiales muestran que esta estrategia produjo incrementos históricos en la recaudación tributaria. El SAT reportó que en 2024 los ingresos tributarios alcanzaron cifras récord, impulsados principalmente por acciones de fiscalización a grandes contribuyentes y por el fortalecimiento del cumplimiento voluntario mediante herramientas digitales (SAT, 2025). Asimismo, la OCDE (2025) reconoce que México ha mejorado sus niveles de recaudación sin llevar a cabo una reforma fiscal estructural reciente, apoyándose principalmente en la eficiencia administrativa y en el uso intensivo de tecnologías de información.
En el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, los primeros resultados apuntan hacia una continuidad de la política de digitalización y fortalecimiento administrativo. Las autoridades fiscales han mantenido el énfasis en la simplificación de trámites, la ampliación de servicios digitales y el combate a la evasión fiscal, al tiempo que buscan mejorar la atención al contribuyente y consolidar mecanismos de control aduanero y comercio exterior (SAT, 2025). Aunque aún es temprano para evaluar integralmente esta administración, los hallazgos preliminares permiten afirmar que existe una trayectoria institucional orientada a fortalecer las capacidades tecnológicas del sistema tributario mexicano.
Las principales características de esta evolución se resumen en la tabla 2.
Tabla 2.
Evolución de las obligaciones fiscales y digitalización tributaria en
México (2012-2026)
|
Gobierno |
Medidas implementadas |
Principales beneficios |
Principales desafíos |
|
Peña Nieto
(2012-2018) |
CFDI, contabilidad
electrónica, buzón tributario |
Digitalización,
trazabilidad y simplificación |
Costos de adaptación
y complejidad tecnológica |
|
López Obrador
(2018-2024) |
Eliminación de
condonaciones, combate a factureras, tasas
efectivas |
Mayor recaudación y
control fiscal |
Incremento en la
presión fiscal y fiscalización |
|
Sheinbaum
(2024-2026) |
Simplificación
digital, continuidad administrativa |
Mayor acceso a
servicios electrónicos |
Dependencia
tecnológica y adaptación normativa |
Elaboración propia con base en SHCP
(2013), PRODECON (2014), SAT (2025), Fundar (2024) y OCDE (2025).
En conjunto, los resultados evidencian que las obligaciones fiscales han evolucionado desde un esquema centrado en el cumplimiento documental hacia un modelo sustentado en la digitalización, el intercambio automatizado de información y la fiscalización electrónica (tabla 1). Esta transformación ha modificado las formas de interacción entre el Estado y los contribuyentes, generando tanto facilidades administrativas como nuevas exigencias de cumplimiento.
Fiscalización y combate a la evasión fiscal
Los resultados del análisis comparativo evidencian que la fiscalización se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes de la política tributaria mexicana durante los últimos tres gobiernos. Aunque las administraciones estudiadas compartieron el objetivo de incrementar la recaudación y reducir la evasión fiscal, existen diferencias relevantes en las estrategias implementadas, en los contribuyentes priorizados y en los mecanismos utilizados para ejercer las facultades de comprobación. Estas diferencias han tenido implicaciones directas tanto en la eficiencia recaudatoria como en la percepción de seguridad jurídica de los contribuyentes (OCDE, 2025).
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la fiscalización se fortaleció principalmente mediante reformas normativas y herramientas tecnológicas derivadas de la Reforma Hacendaria de 2014. La incorporación de la contabilidad electrónica, el buzón tributario y la generalización del CFDI permitieron al Servicio de Administración Tributaria ampliar la información disponible sobre las operaciones económicas de los contribuyentes y mejorar sus capacidades de supervisión.
Asimismo, se introdujeron mecanismos de revisión electrónica y se fortalecieron las facultades para detectar inconsistencias entre declaraciones y operaciones reportadas (SHCP, 2013). No obstante, diversos autores señalan que, a pesar de estos avances, persistieron tratamientos preferenciales y esquemas de condonación fiscal que limitaron la percepción de equidad del sistema tributario mexicano (Unda, 2018).
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se produjo un cambio significativo en la estrategia de fiscalización. Sin modificar sustancialmente la estructura de los principales impuestos, la administración federal privilegió el combate a la evasión y a la elusión fiscal mediante acciones dirigidas principalmente a grandes contribuyentes y empresas vinculadas con esquemas de simulación de operaciones.
Entre las medidas más relevantes destacan la prohibición constitucional de las condonaciones de impuestos, las reformas para sancionar la emisión y adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, así como la publicación de parámetros de tasas efectivas del impuesto sobre la renta para distintos sectores económicos (Fundar, 2024). Estas acciones permitieron incrementar la recaudación tributaria y mejorar la percepción de equidad fiscal al reducir espacios de privilegio y competencia desleal.
Este fortalecimiento de la fiscalización se reflejó en el comportamiento de la recaudación. De acuerdo con el SAT (2025), los ingresos tributarios alcanzaron 4.95 billones de pesos en 2024, cifra superior en términos reales a la obtenida en años previos y equivalente a aproximadamente 14.6 % del PIB. Asimismo, la autoridad fiscal informó que, entre 2019 y 2024, la recaudación obtenida de grandes contribuyentes mostró un crecimiento sostenido, derivado principalmente de actos de fiscalización y regularización fiscal. Estos resultados sugieren que el incremento de los ingresos públicos estuvo asociado, en mayor medida, al fortalecimiento administrativo y a la eficiencia recaudatoria que a la creación de nuevos impuestos o al aumento de tasas impositivas.
Sin embargo, algunos especialistas advierten que el fortalecimiento de la fiscalización también ha generado desafíos para los contribuyentes. Morales (2024) señala que el incremento de las facultades de control y vigilancia ha elevado la presión sobre ciertos sectores económicos, especialmente en materia de comprobación documental y cumplimiento de obligaciones formales.
De manera similar, el Instituto Mexicano para la Competitividad sostiene que, aunque las medidas contra la evasión han contribuido a fortalecer las finanzas públicas, resulta necesario preservar la certeza jurídica y garantizar procedimientos claros y proporcionales para evitar efectos adversos sobre la inversión y la actividad empresarial (IMCO, 2025).
En el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, los resultados preliminares muestran una continuidad en la estrategia de fiscalización implementada durante el sexenio anterior. El SAT ha mantenido el énfasis en el combate a la evasión fiscal, la vigilancia de grandes contribuyentes y la utilización de herramientas digitales para supervisar operaciones económicas. Asimismo, se ha planteado fortalecer el control aduanero y combatir prácticas asociadas al contrabando y a la subvaluación de mercancías, buscando simultáneamente simplificar trámites y promover el cumplimiento voluntario (SAT, 2025).
La evolución de la
recaudación tributaria también evidencia una tendencia de fortalecimiento
institucional. Según la OCDE (2025), la relación impuestos-PIB de México pasó
de aproximadamente 12.6 % en 2012 a 17.7 % en 2023, aunque continúa por debajo
del promedio latinoamericano y muy distante del promedio de los países miembros
de la organización. Estos resultados indican que, pese a los avances en
eficiencia administrativa y fiscalización, el sistema tributario mexicano aún
enfrenta retos estructurales relacionados con la amplitud de la base gravable,
la informalidad económica y la progresividad del sistema fiscal.
Las principales
características de las estrategias de fiscalización implementadas en los tres
gobiernos se resumen en la tabla 3.
Tabla 3.
Estrategias
de fiscalización y combate a la evasión fiscal en México (2012-2026).
|
Gobierno |
Principales estrategias |
Contribuyentes prioritarios |
Resultados observados |
Principales críticas |
|
Peña Nieto
(2012-2018) |
Contabilidad
electrónica, CFDI, buzón tributario y revisiones electrónicas |
Personas físicas y
morales |
Mayor disponibilidad
de información y control |
Persistencia de
privilegios fiscales y condonaciones |
|
López Obrador
(2018-2024) |
Eliminación de
condonaciones, combate a factureras, tasas
efectivas y fiscalización intensiva |
Grandes
contribuyentes y PM |
Incremento histórico
de la recaudación y mayor percepción de equidad |
Mayor presión fiscal
y riesgo de incertidumbre jurídica |
|
Sheinbaum
(2024-2026) |
Continuidad de
fiscalización digital, combate al contrabando y simplificación administrativa |
PF y PM, con énfasis
en sectores estratégicos |
Fortalecimiento del
cumplimiento y continuidad recaudatoria |
Efectos aún en
evaluación |
Elaboración
propia con base en SHCP (2013), Unda (2018), Fundar (2024), IMCO (2025), SAT
(2025) y OCDE (2025).
En conjunto, los resultados muestran
que la fiscalización en México ha transitado desde un modelo centrado en la
ampliación de capacidades tecnológicas hacia uno orientado al uso estratégico
de la información para combatir la evasión y fortalecer la recaudación. Aunque
este proceso ha permitido mejorar los ingresos públicos y reducir espacios de
incumplimiento, también ha incrementado las exigencias de cumplimiento y ha
planteado nuevos retos en materia de seguridad jurídica y equilibrio entre
control estatal y facilidades para los contribuyentes.
Efectos sobre las personas físicas
Los resultados muestran que las personas físicas han experimentado una transformación significativa en la forma de cumplir sus obligaciones fiscales durante el periodo 2012-2026. Los cambios más relevantes se relacionan con la digitalización de trámites, la automatización de procesos, la creación de regímenes simplificados y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización. Sin embargo, los efectos de estas medidas no han sido homogéneos, pues dependen del régimen fiscal, del nivel de ingresos y de la capacidad de adaptación tecnológica de cada contribuyente (SAT, 2024).
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Reforma Hacendaria modificó sustancialmente las obligaciones de las personas físicas mediante la generalización del uso del comprobante fiscal digital por internet, la incorporación gradual del buzón tributario y el fortalecimiento de mecanismos electrónicos para la presentación de declaraciones. Estas medidas permitieron una mayor trazabilidad de las operaciones económicas y facilitaron el intercambio de información entre contribuyentes y autoridad fiscal. Sin embargo, también implicaron costos de adaptación asociados con el aprendizaje de nuevas plataformas y con la necesidad de asesoría profesional especializada, especialmente entre contribuyentes con actividad empresarial y arrendadores (PRODECON, 2014; SAT, 2024).
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantuvo la estrategia de digitalización, pero se incorporaron mecanismos orientados a simplificar el cumplimiento y ampliar la formalidad. Uno de los cambios más relevantes fue la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), cuyo propósito fue facilitar el pago del impuesto sobre la renta mediante tasas reducidas y procedimientos simplificados para personas físicas con ingresos menores a determinados umbrales. De acuerdo con el SAT (2024), este régimen permitió ampliar el acceso a esquemas simplificados y promover la incorporación de contribuyentes al sistema formal.
Los datos oficiales muestran una rápida adopción de este régimen. De acuerdo con el SAT (2024), al cierre de 2023 el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) concentró más de 3 millones de contribuyentes, de los cuales alrededor del 96 % correspondían a personas físicas. Este comportamiento sugiere que los esquemas simplificados pueden constituir un incentivo para la formalización y el cumplimiento voluntario, particularmente entre pequeños contribuyentes y personas con actividad empresarial de menor escala.
Asimismo, la autoridad fiscal fortaleció la automatización de servicios mediante declaraciones prellenadas, aplicaciones móviles y plataformas digitales que facilitan la presentación de obligaciones fiscales. Estas medidas han sido valoradas positivamente porque reducen tiempos y costos de cumplimiento; sin embargo, algunos estudios señalan que la creciente dependencia tecnológica también puede profundizar brechas de acceso entre contribuyentes con diferentes niveles de alfabetización digital y disponibilidad de recursos tecnológicos (IMCO, 2025).
En el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, las primeras acciones indican una continuidad de la política de simplificación administrativa y fortalecimiento de servicios digitales. Las autoridades fiscales han manifestado su intención de ampliar la atención electrónica, simplificar trámites y fortalecer mecanismos de acompañamiento para contribuyentes cumplidos, manteniendo al mismo tiempo las herramientas de fiscalización y control implementadas en administraciones anteriores (SAT, 2025).
Los hallazgos muestran que los efectos positivos para las personas físicas se concentran en la simplificación de procesos, la reducción de tiempos de atención, la automatización de declaraciones y la existencia de regímenes fiscales simplificados. No obstante, también se identifican efectos negativos asociados con la complejidad normativa, la dependencia de medios electrónicos, las dificultades de adaptación para ciertos grupos de contribuyentes y el incremento de obligaciones de carácter informativo y documental. Estas situaciones afectan con mayor intensidad a personas físicas con actividad empresarial, arrendadores y contribuyentes con ingresos variables, quienes enfrentan mayores exigencias de cumplimiento y supervisión fiscal (Villalobos, 2024; IMCO, 2025).
Los principales efectos
observados en las personas físicas durante las administraciones analizadas se
presentan en la tabla 4.
Tabla 4.
Efectos de las obligaciones
fiscales sobre las personas físicas en México (2012-2026).
|
Gobierno |
Medidas relevantes |
Efectos positivos |
Efectos negativos |
|
Peña Nieto
(2012-2018) |
CFDI, buzón
tributario, declaraciones electrónicas |
Mayor trazabilidad y
digitalización |
Costos de adaptación
y necesidad de asesoría |
|
López Obrador
(2018-2024) |
RESICO,
declaraciones prellenadas, aplicaciones digitales |
Simplificación y
facilidades de cumplimiento |
Mayor fiscalización
y dependencia tecnológica |
|
Sheinbaum
(2024-2026) |
Continuidad de
servicios digitales y simplificación |
Atención electrónica
y acompañamiento |
Persistencia de
complejidad normativa |
Elaboración
propia con base en PRODECON (2014), SAT (2024, 2025), IMCO (2025), Unda (2018)
y Villalobos (2024).
Efectos sobre las personas morales
Los resultados muestran que las personas morales han sido el grupo de contribuyentes que ha experimentado los cambios más significativos en materia de obligaciones fiscales y fiscalización durante el periodo 2012-2026. Las modificaciones normativas y administrativas implementadas por los gobiernos analizados han incrementado la disponibilidad de información para la autoridad fiscal, fortalecido los mecanismos de control y ampliado las responsabilidades de cumplimiento, particularmente para las empresas de mayor tamaño y para aquellas con operaciones complejas o de alto riesgo fiscal (OCDE, 2025).
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Reforma Hacendaria de 2014 introdujo obligaciones orientadas a mejorar la trazabilidad de las operaciones empresariales. La generalización del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), la implementación de la contabilidad electrónica y el buzón tributario permitieron al SAT contar con mayores elementos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas. Estas medidas favorecieron la transparencia y facilitaron la detección de inconsistencias, aunque también incrementaron los costos administrativos asociados con la actualización tecnológica y la contratación de servicios especializados para cumplir con las nuevas exigencias normativas (PRODECON, 2014).
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se produjo un fortalecimiento de la fiscalización dirigido principalmente a personas morales y grandes contribuyentes. Las reformas orientadas al combate de empresas que emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, la prohibición de condonaciones de impuestos y la publicación de tasas efectivas de referencia para distintos sectores económicos modificaron sustancialmente el entorno de cumplimiento fiscal. Estas medidas buscaron reducir prácticas de evasión y elusión, incrementar la percepción de equidad tributaria y fortalecer la recaudación sin modificar las tasas generales de los principales impuestos (Fundar, 2024).
Los resultados obtenidos muestran que esta estrategia tuvo efectos importantes sobre la recaudación. El SAT (2025) reportó que los grandes contribuyentes aportaron aproximadamente el 52 % de la recaudación tributaria total en 2024, mientras que las acciones de fiscalización y regularización fiscal permitieron recuperar montos significativos de adeudos y créditos fiscales. Este comportamiento evidencia la creciente relevancia de las personas morales en el financiamiento de las finanzas públicas y explica por qué las estrategias de fiscalización se han concentrado en este grupo de contribuyentes.
En la administración de Claudia Sheinbaum Pardo se observa una continuidad en el fortalecimiento de la supervisión sobre personas morales, especialmente en sectores estratégicos y actividades vinculadas con comercio exterior. Las autoridades fiscales han reiterado la importancia de simplificar trámites y promover el cumplimiento voluntario, sin disminuir las acciones de control sobre esquemas de evasión fiscal, contrabando y subvaluación de mercancías (SAT, 2025). Aunque aún es prematuro evaluar los efectos de largo plazo de esta administración, los primeros resultados sugieren la consolidación de un modelo tributario basado en el uso intensivo de información digital y en la fiscalización focalizada.
En términos generales, los efectos positivos para las personas morales se relacionan con una mayor transparencia, la reducción de prácticas de competencia desleal y el fortalecimiento de la seguridad de las operaciones electrónicas. Sin embargo, también se identifican efectos negativos asociados con el incremento de obligaciones formales, mayores costos de cumplimiento, dependencia de herramientas tecnológicas y una percepción de mayor presión fiscal derivada del fortalecimiento de las facultades de comprobación. Estos efectos son particularmente notorios en pequeñas y medianas empresas, las cuales suelen contar con menores capacidades técnicas y financieras para atender las exigencias del entorno tributario actual (Villalobos, 2024; IMCO, 2025).
Los principales efectos
observados en las personas morales durante las administraciones analizadas se
presentan en la tabla 5.
Tabla 5.
Efectos de las obligaciones
fiscales sobre las personas morales en México (2012-2026).
|
Gobierno |
Medidas relevantes |
Efectos positivos |
Efectos negativos |
|
Peña Nieto
(2012-2018) |
CFDI, contabilidad
electrónica y buzón tributario |
Mayor transparencia
y trazabilidad |
Incremento de costos
administrativos y tecnológicos |
|
López Obrador
(2018-2024) |
Combate a factureras, eliminación de condonaciones y tasas
efectivas |
Mayor equidad y
fortalecimiento de la recaudación |
Mayor presión fiscal
y cargas de cumplimiento |
|
Sheinbaum
(2024-2026) |
Fiscalización
digital, combate al contrabando y simplificación administrativa |
Continuidad y
fortalecimiento institucional |
Persistencia de
costos de adaptación y exigencias regulatorias |
Elaboración propia con base en PRODECON (2014),
Fundar (2024), SAT (2025), IMCO (2025), Villalobos (2024) y OCDE (2025).
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran que la evolución de las obligaciones fiscales en México durante el periodo 2012-2026 no puede interpretarse como una ruptura entre proyectos políticos, sino como un proceso de continuidad institucional con diferentes énfasis administrativos. Mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto sentó las bases de la digitalización tributaria mediante la implementación del CFDI, la contabilidad electrónica y el buzón tributario, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han profundizado el uso de estas herramientas para fortalecer la fiscalización y mejorar la eficiencia recaudatoria. Estos hallazgos coinciden con el planteamiento del institucionalismo histórico de Pierson (2004), quien sostiene que las decisiones adoptadas en determinados momentos generan trayectorias institucionales que condicionan las políticas futuras.
En este sentido, la transición del PRI a Morena no implicó una modificación radical de las obligaciones fiscales, sino una reorientación de las herramientas de administración tributaria hacia esquemas de fiscalización más intensivos y focalizados.
Asimismo, los resultados confirman que el fortalecimiento de las obligaciones fiscales ha producido efectos ambivalentes para los contribuyentes. Por una parte, la digitalización y simplificación administrativa han favorecido la reducción de tiempos de atención, la automatización de procesos y la incorporación de nuevos contribuyentes al sistema tributario, particularmente mediante esquemas como el Régimen Simplificado de Confianza. Estos resultados coinciden con los estudios de la OCDE (2025), los cuales señalan que la transformación digital puede incrementar la eficiencia administrativa y mejorar el cumplimiento voluntario.
Por otra parte, el incremento de las facultades de fiscalización, la complejidad normativa y la dependencia de plataformas tecnológicas han generado mayores exigencias de cumplimiento y una percepción de aumento en la presión fiscal, especialmente entre pequeñas y medianas empresas y personas físicas con actividad empresarial. En este sentido, Villalobos (2024) advierte que el fortalecimiento de la administración tributaria debe acompañarse de mecanismos que garanticen simplicidad, certeza jurídica y equidad para los contribuyentes.
De igual manera, los hallazgos respaldan la idea de que el incremento de la recaudación tributaria observado en los últimos años ha estado más asociado con la eficiencia administrativa y la fiscalización que con reformas fiscales estructurales orientadas a elevar las tasas impositivas. Morales (2024) sostiene que la estrategia implementada durante los gobiernos morenistas ha privilegiado el combate a la evasión y la regularización fiscal como mecanismos para fortalecer los ingresos públicos, mientras que la OCDE (2025) continúa señalando que México mantiene una presión tributaria inferior a la de otros países de la región y de la propia organización. Esto sugiere que, aunque se han logrado avances importantes en materia recaudatoria, persisten desafíos estructurales relacionados con la informalidad, la ampliación de la base gravable y la progresividad del sistema tributario.
En consecuencia, la discusión permite afirmar que la evolución de las obligaciones fiscales en México responde a un proceso de modernización administrativa caracterizado por la creciente utilización de tecnologías de información y el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del Estado. Sin embargo, el reto futuro consiste en lograr un equilibrio entre la eficiencia recaudatoria y la protección de los derechos de los contribuyentes, de manera que el cumplimiento fiscal no dependa únicamente de mecanismos de control, sino también de la confianza institucional, la simplicidad normativa y la percepción de justicia tributaria.
CONCLUSIONES
El análisis comparativo de las obligaciones fiscales en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo permitió identificar que la transición política del PRI a Morena no significó una ruptura en la estructura de las obligaciones tributarias, sino una continuidad institucional sustentada en la digitalización, el fortalecimiento de la administración tributaria y la ampliación de las capacidades de fiscalización del Estado.
Los resultados muestran que el gobierno de Peña Nieto estableció las bases tecnológicas y normativas del sistema tributario actual mediante la implementación del CFDI, la contabilidad electrónica y el buzón tributario, mientras que los gobiernos morenistas orientaron estas herramientas hacia una fiscalización más intensiva y focalizada, privilegiando el combate a la evasión fiscal y el incremento de la eficiencia recaudatoria. Este proceso ha contribuido a fortalecer los ingresos públicos sin recurrir a reformas estructurales que incrementen las tasas generales de los principales impuestos.
Asimismo, se concluye que los efectos de esta evolución han sido diferenciados para las personas físicas y morales. Entre los principales beneficios destacan la simplificación de trámites, la automatización de servicios y la reducción de espacios para prácticas de evasión y competencia desleal. Sin embargo, también persisten desafíos relacionados con la complejidad normativa, la dependencia tecnológica y el incremento de las cargas de cumplimiento, particularmente para pequeños contribuyentes y empresas con menores capacidades administrativas.
Finalmente, el estudio permite afirmar que el principal reto del sistema tributario mexicano no consiste únicamente en aumentar la recaudación, sino en consolidar un modelo de obligaciones fiscales que combine eficiencia administrativa, certeza jurídica y justicia tributaria. En este sentido, futuras investigaciones podrían profundizar en la percepción de los contribuyentes respecto a las medidas de fiscalización y en el impacto de las políticas tributarias sobre la formalidad y la competitividad empresarial.
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